Denuncia que la política de inmigración del PSOE es la misma que la del PP pese a las apariencias formales.
SOS Racismo alertó este jueves sobre el discurso xenófobo de políticos y medios de comunicación que "vincula inmigración y delincuencia" y condiciona la residencia en España a la asimilación de las "costumbres y creencias" del país. Para el portavoz de la ONG, Javier Ramírez, estas afirmaciones fundamentan "un racismo social presente en el día a día de muchos españoles".
Según las conclusiones del Informe Anual Sobre el racismo en España presentado hoy de forma simultánea en media docena de ciudades, las manifestaciones de xenofobia "no son sólo cosa de la extrema derecha", porque "aunque es difícil de cuantificar (...), está presente en el discurso" de muchos ciudadanos que "incluso a través del sentido del humor", manifiestan conductas despectivas para con los extranjeros.
El trabajo, centrado en 2007, expone que en España "existe un fuerte racismo social latente retroalimentado por el discurso político y mediático, ambos abiertamente xenófobos" y denuncia que "la constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas (...) contribuye a legitimar la impunidad de las diferentes manifestaciones racistas y xenófobas".
En este sentido, Ramírez puso como ejemplo el 'contrato de integración' para inmigrantes que presentó el PP en las pasadas elecciones y la 'capitalización del subsidio por desempleo' sugerida por el presidente del Gobierno durante su discurso de investidura. Para la organización, tanto el PP como el PSOE van en la misma línea en lo que respecta a la política de inmigración y aseguran que la característica de la última Legislatura en la materia ha sido la "continuidad" respecto de la etapa anterior.
Además, acusan al Ejecutivo socialista de jugar a dos bandas por entender que, de un lado, utiliza "un discurso más progresista de cara al inmigrante pero a nivel pragmático, no hay diferencia real, si no es de empeoramiento, respecto del Partido Popular", como a juicio de Ramírez revela el hecho de que el PSOE haya "repatriado a un 47% más de personas" de las que expulsara de España el Gobierno de José María Aznar. Es por ello que la organziación vaticina un "endurecimiento" de las políticas en los próximos cuatro años.
IRREGULARIDAD ESTRUCTURAL
Este "endurecimiento" en la "gestión" del fenómeno migratorio podría empeorar la situación de "los invisibles", más de medio millón de personas que, según las estimaciones de SOS Racismo, viven en España en situación irregular y "no tienen ninguna posibilidad real, porque no hay mecanismos" de obtener algún permiso.
La ONG denuncia también la situación de los menores inmigrantes no acompañados, para quienes, aseguran, prima la Ley de Extranjería sobre la Ley del Menor y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. "La administración pública no sólo no asume la tutela, como según la legislación, debería, sino que los retornan" muchas veces a países donde sus derechos no están garantizados, apuntó Bazzaco.
Tampoco lo tienen fácil las personas que se encuentran en situación regular en España, expone el informe, que recopila los derechos sociales y políticos que en la práctica no les son reconocidos. Así, denuncian que la población inmigrada "lo tiene mucho más difícil para acceder a vivienda protegida (...) o a medidas como el cheque bebé", y recuerda que el 20% de los extranjeros que viven en España dispone de "menos de 10 metros cuadrados" para vivir.
SOS Racismo alertó este jueves sobre el discurso xenófobo de políticos y medios de comunicación que "vincula inmigración y delincuencia" y condiciona la residencia en España a la asimilación de las "costumbres y creencias" del país. Para el portavoz de la ONG, Javier Ramírez, estas afirmaciones fundamentan "un racismo social presente en el día a día de muchos españoles".Según las conclusiones del Informe Anual Sobre el racismo en España presentado hoy de forma simultánea en media docena de ciudades, las manifestaciones de xenofobia "no son sólo cosa de la extrema derecha", porque "aunque es difícil de cuantificar (...), está presente en el discurso" de muchos ciudadanos que "incluso a través del sentido del humor", manifiestan conductas despectivas para con los extranjeros.
El trabajo, centrado en 2007, expone que en España "existe un fuerte racismo social latente retroalimentado por el discurso político y mediático, ambos abiertamente xenófobos" y denuncia que "la constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas (...) contribuye a legitimar la impunidad de las diferentes manifestaciones racistas y xenófobas".
En este sentido, Ramírez puso como ejemplo el 'contrato de integración' para inmigrantes que presentó el PP en las pasadas elecciones y la 'capitalización del subsidio por desempleo' sugerida por el presidente del Gobierno durante su discurso de investidura. Para la organización, tanto el PP como el PSOE van en la misma línea en lo que respecta a la política de inmigración y aseguran que la característica de la última Legislatura en la materia ha sido la "continuidad" respecto de la etapa anterior.
Además, acusan al Ejecutivo socialista de jugar a dos bandas por entender que, de un lado, utiliza "un discurso más progresista de cara al inmigrante pero a nivel pragmático, no hay diferencia real, si no es de empeoramiento, respecto del Partido Popular", como a juicio de Ramírez revela el hecho de que el PSOE haya "repatriado a un 47% más de personas" de las que expulsara de España el Gobierno de José María Aznar. Es por ello que la organziación vaticina un "endurecimiento" de las políticas en los próximos cuatro años.
IRREGULARIDAD ESTRUCTURAL
Este "endurecimiento" en la "gestión" del fenómeno migratorio podría empeorar la situación de "los invisibles", más de medio millón de personas que, según las estimaciones de SOS Racismo, viven en España en situación irregular y "no tienen ninguna posibilidad real, porque no hay mecanismos" de obtener algún permiso.
La ONG denuncia también la situación de los menores inmigrantes no acompañados, para quienes, aseguran, prima la Ley de Extranjería sobre la Ley del Menor y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. "La administración pública no sólo no asume la tutela, como según la legislación, debería, sino que los retornan" muchas veces a países donde sus derechos no están garantizados, apuntó Bazzaco.
Tampoco lo tienen fácil las personas que se encuentran en situación regular en España, expone el informe, que recopila los derechos sociales y políticos que en la práctica no les son reconocidos. Así, denuncian que la población inmigrada "lo tiene mucho más difícil para acceder a vivienda protegida (...) o a medidas como el cheque bebé", y recuerda que el 20% de los extranjeros que viven en España dispone de "menos de 10 metros cuadrados" para vivir.
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